POSICIONAMIENTO MISION HONDURAS. Por los derechos de las personas migrantes en tránsito.

Dentro de los variados apostolados realizados por nuestros laicos, laicas y sacerdotes, se encuentra en trabajo en la Pastoral de Movilidad Humana, PMH, por lo cual hacemos pública esta declaración conjunta que se firmó hace poco menos de un mes por la PMH y otros servicios a Migrantes, respecto de la situación actual que se vive en este campo, planteando el contexto de país y luego demandas al Gobierno de Honduras. Les invitamos a leer, reflexionar y difundir. Al final del texto pueden acceder a la declaración original en formato pdf.

MISIÓN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DENUNCIAimage004_3
CONTEXTO DE PAÍS
Honduras está inmersa en una crisis crónica social, económica e política, producto de la corrupción e impunidad, agravada por el golpe de Estado de 2009, y nutrida por el creciente aumento de la violencia.
Compleja realidad de violación a los derechos humanos e ingobernabilidad que genera inseguridad en la población y obliga a miles de niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres a viajar de forma irregular hacia Estados Unidos y otros países poniendo en riesgo sus vida. Así que en Honduras no se puede hablar de “una causa de la emigración irregular” y sí se debe considerar que este tipo de emigración es multicausal que exige respuestas efectivas e integrales.
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Honduras se encuentra entre los países con menores ingresos en América Latina y el Caribe, con una incidencia de pobreza por hogares de 64.5 % al 2012, una pobreza extrema por hogares de 42.6 % en el 2013 a nivel nacional.”
Unido a lo anterior, se encuentra la creciente militarización y represión que sufre la población hondureña ante sus reclamos por mejores condiciones de vida, todo lo cual hace que, a pesar del peligro que se enfrenta en la ruta migratoria, sean miles los hondureños y las hondureñas que deciden migrar en busca de mejores oportunidades.
El aumento de solicitud de asilo en el extranjero por parte de hondureños, es evidencia inicial de que el factor violencia está creciendo en importancia pasando de 625 casos de solicitud de asilo en el año 2000 a 3,989 en el año 2013. Un aspecto preocupante es la vulneración del derecho a la protección internacional en los procesos de detención y deportación de los que huyen de la violencia. México y Estados Unidos han aumentado rápidamente su capacidad para deportar a los migrantes y refugiados centroamericanos. Esto tiene su reflejo en la tendencia creciente entre los años 2012 y 2014, con un aumento promedio anual de 27% de deportados tanto por vía aérea desde Estados Unidos, como por vía terrestre desde México. El año pasado 81,017 hondureñas y hondureños fueron deportados. En un país de poco más 8 millones de habitantes, en solo un año, casi el 1% de su población fue deportada. Según datos de la organización Save The Children, el 10% de ese total correspondió a menores de edad.
Pero en muchos casos, principalmente en México, los procedimientos de deportación no incluyen mecanismos de identificación de la necesidad de protección internacional lo que deja en extrema vulnerabilidad las personas migrantes centroamericanas que han salido de su país huyendo de la violencia, principalmente de las extorsiones, reclutamiento forzoso y amenazas por parte del parte de las maras y pandillas.
Las personas migrantes desaparecidas y privadas de libertad, es otro tema de especial preocupación para esta Misión regional una vez que va en aumento el número de personas migrantes desaparecidas en la ruta migratoria, y el creciente número de casos en el que se les priva de su libertad acusándolos de haber
participado en delitos, muchas veces ejecutados bajo coacción de grupos de criminalidad organizada. Esta situación además afecta a sus familiares que no encuentran la forma de obtener información sobre su situación debida a la poca o nula atención que desde las autoridades consulares reciben los migrantes.

DEMANDAS PÚBLICAS AL ESTADO DE HONDURAS:
La Misión Regional de Investigación y Denuncia por los Derechos de las personas migrantes en tránsito, junto a la Pastoral de Movilidad Humana, COFAMIPRO, FONAMIH y la Red Jesuita con Migrantes en Honduras, presentamos nuestras preocupaciones y nuestras demandas al Estado hondureño.

1.- Que la Dirección de Asuntos Consulares realice una solicitud por escrito a las autoridades correspondientes para la asignación de mayor presupuesto y el nombramiento de cónsules y personal administrativo suficientes para atender la demanda de servicios en todos los consulados y embajadas. Dicha solicitud será suscrita también por organizaciones de sociedad civil comprometiendo apoyo y acciones de incidencia en torno a la misma.
2.- Que se constituya un Centro de Atención al Migrante Retornado para atender a los migrantes que llegan en la frontera de Corinto deportados desde México. Que exista así, una implicación de las instituciones públicas.
3.- En relación a las personas migrantes desaparecidas y sus familiares, es necesario que las autoridades fortalezcan sus sistemas de búsqueda y establezcan rutas de atención claras y procedimientos sistemáticos que permitan ofrecer una respuesta integral a las necesidades de estas personas, tanto en materia de búsqueda en centros de detención, hospitales, albergues como en otras derivadas de la desaparición.
4.- Respecto a las personas migrantes privadas de libertad, además del monitoreo de las condiciones de detención que puede hacerse desde los Consulados, es importante que se impulsen, con el apoyo de los entes gubernamentales correspondientes, procesos de verificación y acompañamiento desde organizaciones de sociedad civil incluyendo comités de familiares, comisiones de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, tales como el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones-OIM, el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR y que además de que verifiquen las condiciones en que se encuentran los migrantes y que garanticen su acceso a un debido proceso, mantengan comunicación permanente con sus familiares para que ellos puedan contar con información oportuna.
5.- Demandamos en concreto, a la Dirección de Asuntos Consulares, que se nombren dos personas encargadas de la atención y seguimiento de las solicitudes que realizan los familiares de personas migrantes privadas de libertad y que a su vez logren un contacto directo y frecuente con los diferentes Comités de Familiares de migrantes y otras organizaciones de la sociedad civil, para darle seguimiento a los casos y reciban nuevas solicitudes.
6.- En el mismo sentido sobre personas privadas de libertad, solicitamos al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que nombre dos personas que hagan seguimiento y monitoreo de las actuaciones de la Dirección de Asuntos Consulares para aunar esfuerzos en la protección de estos migrantes y sus familiares y que se mantengan en comunicación frecuente y directa con los comités de familiares y las organizaciones de sociedad civil que apoyan su trabajo. Que establezcan comunicación con las comisiones de derechos humanos de Guatemala y de los Estados de la ruta migratoria en México para velar por la integridad física y psíquica de las personas migrantes en los centros penales, y a través de estas se pueda tener conocimiento de los nombres, fotografías, documentación y huellas dactilares de las personas centroamericanas privadas de libertad.
7.- Respecto a la situación de desplazamiento forzoso por violencia, demandamos:
a) Centrar esfuerzos en la prevención, protección y asistencia. La prevención implica incidir en la mitigación de las causas y raíces del desplazamiento.
b) Profundizar en la investigación de este fenómeno, enmarcado especialmente en los flujos mixtos y en patrones y categorías de desplazamiento, sus causas y sus necesidades de protección. Esto debe realizarse para promover el debate que genere propuestas entre todos los actores (autoridades gubernamentales y sociedad civil). Una solicitud concreta que ayudaría a esto es que el cuestionario que el Instituto Nacional de Migración-INM aplica a los migrantes deportados tenga preguntas más precisas, y que se aplique tanto a los deportados de EUA como a los de México.
c) Aprobar el reglamento de la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas
por Violencia y que todas las instituciones que constituyen esta comisión asuman su responsabilidad de tal
forma que el INM pueda referir casos identificados de deportados que huyen por la violencia.
d) Fortalecer la presencia y capacidades técnicas del Cuerpo Diplomático a lo largo de la ruta migratoria, para que los Consulados puedan identificar, referir y asistir a las personas migrantes que presenten necesidades de protección internacional y brindar información acerca del derecho a solicitar asilo y otras formas de protección complementaria.

Pastoral de Movilidad Humana, COFAMIPRO, FONAMIH, ERIC-Radio Progreso, Red Jesuita con Migrantes
Tegucigalpa, MDC. Honduras. Jueves 11 de junio de 2015

Posicionamiento Mision Honduras

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